IMPEDIMENTO MATRIMONIAL POR PARENTESCO

El ius connubii o derecho a contraer matrimonio, es un derecho fundamental de la persona humana, reconocida tanto en el Código de Derecho Canónico (canon 1055), como en la Constitución Española (art.32). Ahora bien, existen ciertas limitaciones, entre ellas los impedimentos de parentesco.

Según el artículo 47 del Código Civil, no pueden casarse los parientes por línea recta por consanguinidad o adopción; es decir, no puede haber matrimonio entre padres, e hijos o éstos con sus respectivos abuelos, lo sean por naturaleza o adopción. El mismo artículo prevé que tampoco puedan casarse los parientes colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado (tíos-sobrinos). Así un tío y una sobrina (tercer grado de consanguinidad) no podrían casarse, pero sí podrían hacerlo civilmente sin problema dos primos hermanos (cuarto grado de consanguinidad). Pese a ello, está previsto que tío y sobrina, o tía y sobrino, puedan solicitar al Juez dispensa (autorización) para casarse civilmente a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, siempre que haya justa causa.

En el caso de casarse por la Iglesia, debe tenerse en cuenta que el Código Canónico especifica en el el c.1091 que el matrimonio es nulo hasta el cuarto grado en línea colateral inclusive (primos hermanos). Si bien nunca se otorgará dispensa del impedimento de consanguinidad en línea recta (abuelos-padres-hijos), ni en segundo grado de línea colateral (hermanos); se puede solicitar dispensa del impedimento para contraer matrimonio al Ordinario del lugar (c.134) a partir del tercer grado colateral (tíos-sobrinos) (canon 1078.3).

De este modo, para la celebración de un matrimonio canónico entre primos hermanos o entre tío/a y sobrina/o debería primero pedir autorización previa al Obispo.

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LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA SE EXTINGUE POR NOVIAZGO

La prestación compensatoria es aquella pensión a la que tiene derecho el cónyuge (que no pareja de hecho) cuya situación económica resulta más perjudicada como consecuencia de la ruptura del matrimonio.mans-juntes-article-extincion-pension-por-noviazgo

Tanto la regulación estatal (artículo 101 CC), como la catalana
(artículo 233-19 CCCat), prevén como causa de extinción de la prestación compensatoria, el matrimonio del acreedor de la pensión o la convivencia marital del mismo con una tercera persona.

 

Respecto al concepto jurídico indeterminado de “convivencia marital” que recoge la legislación, existían en la jurisprudencia dos posturas; los que abogaban por considerar que cualquier tipo de convivencia estable de pareja lleva a la extinción de la prestación, y los que definían “convivencia marital” como modo de vida en común que evidencia o exterioriza un proyecto compartido. Tal y como estableció la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 31 de mayo de 2010, “(…) una relación de amistad íntima incluso con mantenimiento de relaciones sexuales y de cierta duración no puede ser calificada de marital si no va acompañada de ese detalle calificador de tener un proyecto común de presente y de futuro (…); el percibir una pensión compensatoria no le obliga (al acreedor) a realizar una vida de aislamiento social…”.

Pues bien, el 8 de febrero de 2017, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cádiz ha dictado una Sentencia por la que extingue el derecho a la prestación compensatoria del acreedor por mero noviazgo. La argumentación de dicho Juzgado se basa en la tesis de la Sentencia 42/2012 del Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 2012, que explicaba que para poder definir con exactitud el concepto de “convivencia marital”, se debía partir de dos cánones interpretativos: el de la finalidad de la norma y el de la realidad social del tiempo en que la norma debe ser aplicada:

“(…) De acuerdo con el primero, la razón por la que se introdujo esta causa de extinción de la pensión compensatoria fue la de evitar que se ocultaran auténticas situaciones de convivencia con carácter de estabilidad, más o menos prolongadas, no formalizadas como matrimonio, precisamente para impedir la pérdida de la pensión compensatoria, ya que se preveía inicialmente solo como causa de pérdida el nuevo matrimonio del cónyuge acreedor.

Utilizando el segundo canon interpretativo, es decir, el relativo a la realidad social del tiempo en que la norma debe aplicarse, debe señalarse asimismo que la calificación de la expresión “vida marital con otra persona” puede hacerse desde dos puntos de vista distintos: uno, desde el subjetivo, que se materializa en el hecho de que los miembros de la nueva pareja asumen un compromiso serio y duradero, basado en la fidelidad, con ausencia de forma; otro, el elemento objetivo, basado en la convivencia estable.

En general, se sostiene que se produce esta convivencia cuando los sujetos viven como cónyuges, es decir, more uxorio, y ello produce una creencia generalizada sobre el carácter de sus relaciones.

Los dos sistemas de aproximación a la naturaleza de lo que el Código denomina “vida marital” son complementarios, no se excluyen y el carácter no indisoluble del matrimonio en la actualidad no permite un acercamiento entre las dos instituciones sobre la base de criterios puramente objetivos distintos de la existencia de forma, porque es matrimonio el que se ha prolongado durante un mes siempre que haya habido forma y es convivencia marital la que ha durado treinta años, pero sin que haya concurrido la forma del matrimonio. (…)”

Con base en la anterior explicación, el Tribunal Supremo extinguía una prestación compensatoria porque, si bien no existía una convivencia continuada bajo el mismo techo, se habían producido continuas visitas de uno en el domicilio del otro y encuentros de manera pública, y por tanto las relaciones tuvieron carácter de permanencia.

El Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, apoyándose en la doctrina antedicha, ha aplicado la interpretación de “convivencia marital” más actualizada, sorprendiendo así a la contradictoria Jurisprudencia que existía hasta el momento.

La NULIDAD se AGILIZA para ser aún más accesible

Entrevista Teledirario TV3 8/9/15

Entrevista Teledirario TV3 8/9/15

Tal como hemos manifestado hoy en el Telediario vespertino de TV3, Su Santidad el Papa ha notificado hoy que, los procedimientos para declarar la nulidad del matrimonio canónico, no requerirán la obtención de dos sentencias afirmando la nulidad, sino que con una sentencia, el matrimonio será considerado nulo. Ello significa que no será precisa acudir a una segunda instancia para que ratifique la sentencia anterior.

Establece que los procedimientos de nulidad no podrán tener una duración superior a un año.

Declara que las nulidades deberán ser gratuitas, en la medida que ello no ocasione un grave perjuicio para las Diócesis.

Se trata de un gran avance, en la línea marcada inicialmente por el Papa Bergoglio.

EL MALTRATO PSICOLÓGICO COMO JUSTA CAUSA DE DESHEREDACIÓN

En derechFeatured imageo común hay ciertas personas que se consideran herederos forzosos, esto es, tienen derecho a participar en una parte de la herencia del causante. Los herederos forzosos solo pueden ser desheredados de manera expresa por el causante mediante testamento y solo si concurre justa causa. Las causas de desheredación están tasadas en el Código Civil y constituyen una lista numerus clausus, es decir, el causante debe alegar una de las causas expresamente previstas en la Ley para que proceda la desheredación ya que si se deshereda a un heredero forzoso sin justa causa, se anulará la institución de heredero siempre que perjudique al desheredado.

El Tribunal Supremo, en la sentencia 258/2014, de 3 de junio de 2014, analizó una de las causas de desheredación contenida en el artículo 853.2 CC: “haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra [al causante]”. En este supuesto, el Tribunal Supremo conoce de un caso en el que el causante había desheredado a sus dos hijos alegando la concurrencia de la mencionada causa de desheredación justificando que uno de los hijos le había negado injustificadamente asistencia y cuidados y le había injuriado gravemente de palabra mientras que el otro igualmente le había injuriado gravemente de palabra y además le había maltratado gravemente de obra. Los dos hijos desheredados impugnaron el testamento por considerar que las injurias y los insultos no tienen entidad suficiente para provocar la desheredación debido al carácter restrictivo de la institución.

El Tribunal Supremo, al analizar este caso, afirmó que, si bien las causas de desheredación son únicamente las tasadas por la Ley y no permiten una interpretación analógica ni extensiva, éstas se deben valorar teniendo en cuenta la realidad social, cultural y los valores del momento en que se producen. Considera, pues, que el maltrato psicológico sí se debe considerar comprendido dentro del maltrato de obra ya que menoscaba la salud mental de la víctima. Además, dicha inclusión viene también reforzada por el principio “favor testamenti”.

Posteriormente, el mismo Tribunal Supremo dictó Sentencia en fecha 30 de enero de 2015 (STS 565/2015), siguiendo la misma línea jurisprudencial, añadiendo que “…aunque las causas de desheredación sean únicamente las que expresamente señale la Ley y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva; no significa que la interpretación o valoración de la concreta causa, previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un criterio rígido o sumamente restrictivo”. Esto es lo que, a juicio del Tribunal Supremo, ocurre con los maltratos o injurias graves de palabra como causas justificadas de desheredación, que, de acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen.

En este sentido, el Tribunal Supremo, concluye que en la actualidad, el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión que encierra el maltrato de obra, sin que sea un obstáculo para ello la alegación de la falta de jurisprudencia clara y precisa al respecto. Además, el maltrato psicológico está íntimamente relacionado con la dignidad de la persona como núcleo fundamental de los derechos constitucionales y tiene su proyección en el Derecho de familia como cauce de reconocimiento de los derechos sucesorios.

Queda claro pues que la justicia española abre la puerta a contemplar otro tipo de razones para dejar sin herencia a los descendientes, en este caso incluir dentro del maltrato de obra el maltrato psicológico. Sin embargo, Cataluña sigue siendo más flexible que España al introducir en el Código Civil Catalán como justa causa de desheredación, en su artículo 451-17 apartado e), “la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por causa exclusivamente imputable al legitimario”.

No obstante, a pesar del avance legislativo que suponen tanto la dos Sentencias citadas del Tribunal Supremo como la modificación de la cláusula del Código Civil Catalán, sigue siendo complicado demostrar que entre los progenitores y los descendientes hay relación alguna; o bien, ha habido un maltrato psicológico por parte del legitimario hacia el causante.

El Registro Civil NO será gratuito: el coste que asuman los registradores, se cargará al resto de aranceles registrales

El coste de los servicios hasta la fecha: GRATUITOS del Registro Civil, no irá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, ni del contribuyente usuario del Registro Civil, sino que irá a cargo del contribuyente usuario del Registro Mercantil y de la Propiedad. Por tanto, el coste será igualmente asumido por el contribuyente, aunque no por el usuario directo. Es por ello que el servicio del Registro Civil pasa a ser SUFRAGADO POR EL CONTRIBUYENTE.

http://www.lavanguardia.com/vida/20150419/54430034772/catala-soy-el-primero-que-firma-contra-la-privatizacion-del-registro-civil.html
Catalá: “Soy el primero que firma contra la privatización del Registro Civil” lavanguardia.com
Madrid, 19 abr (EFE).

Parece que Catalá va en serio respecto a dejar el Registro Civil como está, si bien sólo UN AÑO MÁS. Constituirá el 3º aplazamiento que sufre la privatización del Registro Civil.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/28/el_gobierno_renuncia_ceder_registro_civil_los_registradores_mercantiles_retrasa_ano_reforma_32004_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias

PENSIONES QUE PUEDEN RECLAMARSE EN UNA SEPARACIÓN O DIVORCIO

En la mayoría de procedimientos de separación o divorcio la controversia principal gira en torno a los hijos de la pareja; ya sea en relación a la guarda o a la pensión de alimentos de estos. Otro de los temas controvertidos e igual de habitual en la práctica, es la pensión que uno de los cónyuges queda obligado a satisfacer al otro, como consecuencia de la ruptura.

Sin embargo, así como siempre que haya hijos deberá establecerse la guarda y los alimentos de los mismos; la pensión o pensiones de uno de los cónyuges hacia el otro, no siempre tiene cabida, pues para otorgarla, nuestra legislación exige la concurrencia de una serie de requisitos y circunstancias.

En la legislación vigente en CATALUÑA existen dos tipos de prestaciones entre cónyuges; por un lado, la prestación compensatoria y, por otro, la compensación económica por razón del trabajo. Ambas figuras tienen objeto y requisitos distintos.

Pastís nupcial trencat

1.- PRESTACIÓN COMPENSATORIA

Dicha prestación, regulada en los artículos 233-4 y siguientes del Código Civil de Cataluña, tiene por objeto compensar al cónyuge que ha visto perjudicada su situación económica como consecuencia de la ruptura de la convivencia.

Así también lo ha venido estableciendo el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 10 de marzo de 2009 [RJ 2009/1637]; 4 de diciembre de 2012 [RJ 2013/194]; 20 de junio de 2013 [RJ 2013/4377]; 20 de febrero de 2014 [RJ 2014/1385]; 27 de noviembre de 2014 [RJ 2014/6034]; entre otras. En dichas Sentencias, el Tribunal ha establecido que la prestación compensatoria, tiene una finalidad reequilibradora. Que responde a un presupuesto básico: el efectivo desequilibrio económico, producido con motivo de la separación o el divorcio; por tanto, parte de la base de la ruptura del matrimonio y mira hacia el futuro. No hay que probar la existencia de necesidad, pero sí ha de probarse que se ha sufrido un empeoramiento en la situación económica, en relación a la que disfrutaba en el matrimonio, y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge.

En consecuencia, nuestra legislación faculta al cónyuge más necesitado, a solicitar una prestación compensatoria al otro cónyuge:

– en el primer proceso matrimonial,
– cuya cuantía no puede exceder del nivel de vida del que gozaba durante el matrimonio, en aras a no producir un enriquecimiento a costa del cónyuge obligado al pago de la misma.
– La contribución que el obligado hace a los alimentos de los hijos, debe ser tomada en consideración, como menor nivel adquisitivo.

Los mismos cónyuges, de mutuo acuerdo, pueden decidir el establecimiento de la prestación, su cuantía, forma de pago, y duración. Sin embargo, en caso de desacuerdo, los criterios que tienen en cuenta los Tribunales para la fijación de la misma son, entre otros, (STS, 10 de marzo de 2009 [RJ 2009/1637]):

– Edad del perceptor
– duración efectiva de la convivencia conyugal
– anteriores trabajos realizados
– preparación académica y/o práctica
– dedicación al hogar y a los hijos por parte del perceptor
– estado de salud y su recuperabilidad
– …

• En cuanto a la FORMA DE PAGO, se permite que ésta sea atribuida tanto en forma de capital (dinero o bienes), como en forma de pensión.

• Por lo que respecta a su DURACIÓN, como regla general se otorga por un período limitado, salvo que nos encontramos ante circunstancias excepcionales que justifiquen el carácter indefinido de la misma.

La STS de 20 de febrero de 2014 establece que: La naturaleza y función de la prestación compensatoria obligan al órgano judicial a tomar en cuenta para su fijación, cuantificación y determinación del tiempo (vitalicio o temporal) de percepción, factores numerosos, y de imposible enumeración; pues permiten valorar la idoneidad o aptitud del beneficiario para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio.

2.- PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RAZÓN DEL TRABAJO

La compensación -o prestación- económica por razón del trabajo es una figura, regulada en los artículos 232-5 y siguientes del Código Civil de Cataluña, que está prevista con el objeto de contrarrestar las consecuencias que conlleva la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes.

A diferencia de la prestación compensatoria que mira hacia el futuro, la compensación económica por razón del trabajo mira hacia el pasado, pues compara el patrimonio de cada cónyuge, en el momento de la ruptura, con el que tenía en el momento del matrimonio.

Faculta al cónyuge que ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro, o para el otro sin retribución o con una retribución insuficiente, a que le sea reconocida una compensación económica por esta dedicación. Para tener derecho a la compensación, debe compararse el patrimonio que tenía antes de las nupcias, con el que tiene en el momento de la ruptura (ya sea por extinción del régimen por separación, divorcio, nulidad, o muerte de uno de los cónyuges o, en su caso, del cese efectivo de la convivencia). El incremento experimentado en el patrimonio del cónyuge dedicado a la familia o al trabajo del otro consorte; debe ser inferior al incremento experimentado en el patrimonio del consorte beneficiado por el trabajo insuficiente o no remunerado.

Para determinar su CUANTÍA, se deben tener en cuenta los siguientes criterios familia (STSJ de Cataluña, de 30 de octubre de 2014 [RJ 2014/6674]):

– duración e intensidad de la dedicación
– años de convivencia
– años de crianza de los hijos o atención a la familia

Dicha cuantía, queda limitada a un máximo de la cuarta parte de la diferencia existente entre los incrementos de los patrimonios de ambos cónyuges.

• En cuanto a la FORMA DE PAGO, se deberá realizar EN DINERO, excepto que las partes de forma consensuada acuerden otro medio de pago. Además, a diferencia de la prestación compensatoria que se puede fijar en forma de pensión; la compensación económica por razón del trabajo se concentra, en principio en UN ÚNICO PAGO, sin embargo, a solicitud de los cónyuges, la autoridad judicial podrá disponer el aplazamiento del pago de la compensación o bien su fraccionamiento, con un VENCIMIENTO MÁXIMO DE TRES AÑOS y el devengo del interés legal del dinero.

Finalmente, cabe destacar que ambas figuras son compatibles entre sí, atendiendo a la distinta finalidad perseguida por cada una de ellas, debiendo tenerse en cuenta para el establecimiento del importe de cada una, el fijado para la otra.

Atribución patrimonial o ADJUDICACIÓN en Escritura Pública ante Notario

El consejo general es: si los consortes, en sede de ruptura matrimonial, pactan la atribución de uno o más inmuebles; será aconsejable que suscriban un convenio de divorcio o de separación, donde recojan todos los pactos por los que se regirá su ruptura. Ese convenio deberá ratificarse en el Juzgado, para que posteriormente el Juez lo homologue vía Sentencia de Divorcio o Separación, según lo pactado.

Atribución de un inmueble a través de Convenio de Divorcio o Separación, y a través de Escritura Pública: En ocasiones, ya sea por desconocimiento, ya sea para asegurar que el cónyuge cumplirá la adjudicación inmobiliaria pactada; los consortes, firman convenio de Divorcio o Separación, y a su vez acuden al notario para plasmar en escritura pública alguno de los pactos, como suele ser la adjudicación de un inmueble a uno de los cónyuges.

En el momento de ratificación judicial del convenio, puede que un consorte no se ratifique, y ello causa que el Juez no homologue el convenio de Divorcio o Separación. Ante esta contrariedad, el consorte que se atribuía un inmueble no queda desprovisto de tal atribución, por cuanto también se la atribuyó notarialmente, por lo que la titularidad queda a salvo por la fe pública que le otorgó el notario.

El cónyuge que queda desprotegido por la falta de ratificación del convenio, podrá inscribir en el Registro de la Propiedad, la escritura pública que le otorga la propiedad, y por tanto esa propiedad queda adjudicada sin problema alguno.CASA1

Peligro: Los consortes suelen olvidar que la adjudicación via escritura pública, debe tributar ( en el ayuntamiento, la comunidad autónoma y el estado). Los notarios pasan información de todas las escrituras de las que dan fe, por lo que las administraciones tienen constancia de la atribución que los cónyuges pactaron ante notario. Por ello los consortes no pueden dejar de autoliquidar ese contrato inmobiliario (ante las tres administraciones tributarias).

Cuando los cónyuges ratifican judicialmente el Convenio de ruptura marital (Divorcio o Separación), erróneamente se cae en la tentación, olvido o ignorancia de eludir la tributación de la escritura pública; en la creencia de que la atribución inmobiliaria queda recogida en Sentencia, y que por ello no es preciso autoliquidar la escritura.

Recomendación: Si no hay peligro de ratificación del Convenio de ruptura, mejor que los cónyuges no hagan ninguna atribución inmobiliaria notarialmente; toda vez que, cuando el Juez emita la Sentencia (de divorcio o separación) homologando el Convenio de mutuo acuerdo, las atribuciones inmobiliarias pueden gozar de exenciones que no gozarán si las atribuciones se realizan ante notario. Este consejo general tiene excepciones, que deben ser analizadas particularizadamente.

Para cualquier consulta o estudio, pueden ponerse en contacto con nuestro despacho BOZA RUCOSA ABOGADOS MATRIMONIALISTAS 93.457.45.05   93.457.45.06

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