ORDEN INTRAEUROPEA DE RETENCIÓN DE CUENTAS (a partir del 18.1.2017)

Siguiendo el objetivo mUnión Europea_0arcado por la Unión Europea de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el cual esté garantizada la libre circulación de personas, ha surgido la necesidad de realizar un procedimiento europeo uniforme para la retención de cuentas bancarias, para prevenir, entre otros casos, la desaparición de activos antes de la ejecución de un crédito. Por ello se ha aprobado el Reglamento (UE) nº 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil. El recurso a las medidas cautelares nacionales puede resultar ineficaz en los casos con repercusión transfronteriza; por ello, se ha adoptado un instrumento jurídico de la Unión Europea que sea vinculante y directamente aplicable, por el que se establece un nuevo procedimiento de la Unión que permite, en los asuntos transfronterizos, la eficaz retención de los activos integrados en cuentas bancarias de otros Estado miembros. Este procedimiento es opcional a todos los demás accesibles al acreedor que permitan la obtención de una medida equivalente.

Respecto al ámbito de aplicación, el Reglamento incluye todas las deudas pecuniarias en materia civil y mercantil en asuntos transfronterizos, y excluye expresamente determinadas materias como: los derechos de propiedad derivados del régimen matrimonial (o relación con efectos comparables al matrimonio); los testamentos; el arbitraje; o deudores incursos en procedimientos de insolvencia.

El Reglamento establece que será considerado asunto transfronterizo aquél en el que las cuentas bancarias que deban retenerse se mantengan en un Estado Miembro distinto al del órgano jurisdiccional en el que se solicite la orden de retención ni el Estado Miembro del domicilio del acreedor.

El procedimiento para la obtención de una orden de retención tiene las siguientes características:

Por un lado, el Reglamento establece que el acreedor, mediante el formulario establecido, podrá solicitar una orden de retención antes de que se incoe un procedimiento sobre el fondo del asunto en un Estado miembro contra el deudor. Si en el plazo de 30 días desde la solicitud no ha incoado dicho procedimiento (mediante presentación de escrito de demanda), la orden se revocará. También la podrá pedir en cualquier fase del ese procedimiento hasta antes de que se dicte la resolución o transacción judicial; o después de que haya obtenido en un Estado Miembro una resolución judicial, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva que obligue al deudor a pagar una deuda a su favor. Hay que tener en cuenta que el acreedor responderá de cualquier daño o perjuicio que la orden de retención cause por su culpa al deudor. Por ello, deberá prestar una caución con un importe suficiente para garantizar una posible indemnización de daños y perjuicios, para evitar retenciones ilegales o fraudulentas.

Por otro lado, en caso de que el acreedor no haya podido obtener una resolución judicial, transacción judicial o documento público ejecutivo, podrán dictar la orden de ejecución los órganos judiciales de un Estado Miembro competentes para resolver el fondo del asunto cuando el acreedor le haya presentado pruebas suficientes para determinar la necesidad urgente de una medida cautelar en forma de orden de retención, así como del riesgo real de que, sin dicha medida, la ejecución ulterior del crédito frente al deudor resultará más difícil. En caso de que el deudor sea un consumidor, serán competentes para dictar la orden de retención los órganos jurisdiccionales del Estado Miembro del domicilio del deudor.

Es preciso destacar que se trata de un procedimiento inaudita parte; es decir, no se notificará al deudor la solicitud de una orden de retención, ni se le dará audiencia.

El acreedor no podrá presentar al mismo tiempo, ante más de un órgano jurisdiccional, solicitudes paralelas de órdenes de retención contra el mismo deudor y con el fin de garantizar el mismo crédito.

La orden de retención durará hasta que se revoque. A su vez, el acreedor tiene la posibilidad de recurrir la resolución por la que se deniega la orden.

Una vez dictada la orden de retención, será reconocida en los demás Estados Miembros y tendrá fuerza ejecutiva. En este sentido, el banco o entidad responsable de la ejecución de la orden debe expedir una declaración en la que consten los actos de ejecución adoptados con arreglo al procedimiento consultivo, así como la transmisión de documentos si se lo han requerido. El banco responderá si incumple con las obligaciones que le impone el Reglamento, aplicándole el Derecho del Estado Miembro de ejecución.

De acuerdo con el Reglamento, las cantidades inembargables con arreglo al Derecho del Estado Miembro de ejecución están exentas de retención.

Respecto de las vías de recurso, señalar que el deudor tiene derecho a impugnar la orden de retención cuando, por ejemplo, no se le haya notificado la misma una vez le hayan retenido las cuentas, o realice el pago de la deuda, entre otros. A su vez, tendrá la facultad de impugnar la ejecución de la orden si se trata de una cuenta retenida que está excluida del ámbito de aplicación del Reglamento. La orden de retención de cuentas será impugnable por terceros, en función del derecho del Estado Miembro donde ésta se emita. La ejecución de la retención de cuentas será impugnable por terceros en función del derecho del Estado Miembro de ejecución. Los recursos interpuestos por terceros contra la orden de retención de cuentas serán conocidos por los Tribunales del Estado que haya emitido la orden. Así mismo, los recursos interpuestos por terceros contra la ejecución de la retención de cuentas, serán interpuestos en el Estado de la ejecución.

Se podrá modificar o revocar la orden por haber cambiado las circunstancias por las que se dictó, tanto a solicitud del deudor, del acreedor, así como de oficio por el órgano jurisdiccional.

El deudor tendrá derecho a prestar garantía sustitutoria otorgada en una forma admitida por el Derecho del Estado Miembro del órgano jurisdiccional, como puede ser presentar una caución por el importe o valor equivalente al establecido en la orden.

En el procedimiento para la obtención de una orden de retención no se exigirá que las partes estén representadas por letrado u otro profesional del derecho.

Por último, el art. 50 del Reglamento establece que, a más tardar el 18 de julio de 2016, los Estados Miembros comunicarán a la Comisión Europea los órganos jurisdiccionales competentes para dictar una orden de retención, la autoridad competente para ejecutar la orden, entre otra información. Asimismo, la totalidad del texto será aplicable a partir del 18 de enero de 2017.

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