Circunstancias que determinan el establecimiento de la pensión compensatoria al cónyuge desfavorecido

1. El derecho a la prestación compensatoria

economia-de-parejaEl Código Civil de Catalunya establece el derecho a la prestación compensatoria para el cónyuge cuya situación económica, como consecuencia de la ruptura de la convivencia, resulte más perjudicada. Ésta no debe exceder del nivel de vida que disfrutaba durante el matrimonio, ni el que pueda mantener el cónyuge obligado al pago; y siempre teniendo en cuenta el derecho de alimentos de los hijos, que es prioritario. Su finalidad no es la de ser una garantía vitalicia de sostenimiento –no es un mecanismo indemnizatorio-, sino la de restablecer y compensar el desequilibrio económico producido en uno de los cónyuges con motivo de la separación o divorcio –lo cual no significa que se trate de un instrumento equilibrador del patrimonio de los cónyuges-. Su duración y cuantía debe ser suficiente para restituir al cónyuge desfavorecido en la situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no haberse casado. En caso de nulidad matrimonial, tiene derecho a la compensación el cónyuge de buena fe, con las mismas circunstancias. Es por ello que, los puntos de referencia para determinar el derecho a la prestación son: el momento de la ruptura –para comparar las situaciones económicas vigentes hasta ese momento con las posteriores-, y el elemento personal –que es la comparación de las situaciones personales de cada cónyuge-.

  1. Circunstancias que determinan el establecimiento de la pensión compensatoria

Para proceder a la fijación, determinación de la cuantía y la duración del tiempo de percepción de la prestación compensatoria, el Código nos expone un conjunto de circunstancias a valorar y ponderar por el juez, que no tienen por qué ser las únicas, pues pueden existir otras específicas en cada caso concreto igualmente relevantes.

Estas circunstancias son: la posición económica de los cónyuges; la realización de tareas familiares durante la convivencia, si ello ha implicado una disminución de la capacidad de uno de los cónyuges de obtener ingresos; las perspectivas económicas previsibles de los cónyuges, teniendo en cuenta la edad y el estado de salud, así como la forma como se atribuye la guarda de los hijos; la duración de la convivencia; y los nuevos gastos de la parte que deba pagar la prestación. Es importante señalar que el texto legal no contempla la culpabilidad del esposo deudor como una de las incidencias determinantes de su fijación.

En principio, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, la mera independencia económica de los esposos no elimina el derecho de uno de ellos a recibir una pensión, pues puede haber desequilibrio cuando los ingresos de uno y del otro sean absolutamente dispares.

  1. Casos ilustrativos

En la casuística encontramos varios ejemplos que nos ilustran acerca de la valoración del juez de las circunstancias de cada caso, y que pueden llevar a fijar o no la prestación compensatoria. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011, establece que, “a pesar de que los ingresos probados del marido por su trabajo son casi el doble de los que percibe su esposa, si se ponen en relación con las diferentes cargas que han de hacer frente a partir de la ruptura, no cabe concluir que exista un desequilibrio”. En el presente caso es determinante el pago de las pensiones alimenticias de los hijos y el alquiler que debe sustentar el marido, que, sin contar con el importe de la pensión compensatoria, hace que su capacidad resulte inferior a la de su ex-esposa. La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2012, estimó que no debía otorgarse la pensión a la esposa porque no tenía ningún impedimento físico ni mostraba ningún interés para incorporarse a su puesto de trabajo de enfermera en situación de excedencia voluntaria. La Sentencia de 29 de mayo de 2014 de la Audiencia Provincial de Barcelona, atendió a la edad de la beneficiaria (49 años), la duración de la convivencia (22 años), su estado precario de salud y las dificultades actuales para reincorporarse a una actividad laboral, para concederle una prestación compensatoria de 400€ mensuales, durante siete años.

Boza Rucosa Abogados Matrimonialistas

Abogadas del Tribunal de la Rota

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